Para el diputado Guillermo Valencia, Coahuayana es el claro ejemplo de una violencia interminable que demuestra que en Michoacán todo cambia, menos el nivel de maldad y peligrosidad de los criminales. El legislador recordó que fue él quien hace 12 años advirtió el vínculo de policías comunitarios con el crimen que ahora denuncia Omar García Harfuch.
“Qué genialidad de Omar García Harfuch que venga a decirnos que la Policía Comunitaria está involucrada con grupos del crimen organizado, ¡Guau! Se los dije yo hace 12 años siendo presidente municipal, se los dije”, afirmó.
Insistió en que por alzar la voz fue destituido ilegalmente del cargo de presidente municipal de Tepalcatepec por el enviado de Peña Nieto, en cuyo equipo estaba Harfuch, quien ahora como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, niega de forma insultante actos de terrorismo cometidos contra la población civil de Michoacán.
“¿Y qué hicieron? Irse a encerrar al salón de fiestas donde se encerraron ustedes cuando aprobaron el Presupuesto para ilegalmente quitarme del cargo, y no puede decir Omar García Harfuch que no sabía porque él aquí anduvo como coordinador de la Policía Federal”, dijo.
Esa violencia que hoy niegan desde la federación al no llamar por su nombre los delitos es la que ha llevado a crear escenarios no imaginados, como la utilización de menores de edad para cometer homicidios y actos terroristas, ejemplo de ello, es el asesinato de Carlos Manzo, cometido por un adolescente, advirtió Memo Valencia.
De ahí la necesidad de legislar para imponer penas y reconocer el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes para servir al crimen organizado, conocidos como “pollitos de colores”.
“No llamarles a las cosas por su nombre es el principal aliado de esos delincuentes que están escalando en su nivel de maldad, pero nosotros no hemos escalado en nuestro nivel de armonizar nuestras intenciones para ponerle un alto a los delincuentes”, lamentó.
Por ello, el líder priista presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 157 bis al Código Penal del Estado de Michoacán de Ocampo, que busca establecer, con toda claridad, una agravante específica cuando la corrupción de personas menores de edad tenga por objeto reclutarlas, incorporarlas o utilizarlas dentro de una organización delictiva.
“El reclutamiento sistemático de niños, de menores de edad de entre 9 y 11 años a quienes llaman ‘pollitos de colores’, les dicen así por su desechabilidad y efímera vida, convierte a nuestros niños en informantes, halcones, mensajeros y, en los casos más extremos, en sicarios. Los convierten en carne de cañón”, mencionó.
No se busca caer en populismo punitivo o soluciones fáciles, abundó el legislador del Revolucionario Institucional, pero sí reordenar las prioridades del sistema penal.
Además de esta propuesta, Memo Valencia insistió en la necesidad de reducir la edad para ser juzgado como adulto, al menos a los 16 años de edad, al tiempo que recalcó lo imperante de cerrar la puerta a la normalización del reclutamiento infantil y colocar al centro el interés superior de la niñez “y afirmar, desde la ley, que en Michoacán ningún grupo criminal tiene derecho a apropiarse del futuro de nuestras hijas e hijos”.
