A través de una comunicación oficial, el Gobierno de Michoacán informó a la ONU que sí “hay avances” en el caso de crimen del dirigente de los limoneros de Michoacán, Bernardo Bravo, quien fue asesinado en octubre del 2025.
En el documento se hace destacar que “el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno del Estado, en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), ha mantenido una comunicación puntual con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviando la documentación correspondiente sobre los avances en la investigación por el homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez desde el pasado 1 de abril”.
En la documentación enviada se incluyen las precisiones sobre las detenciones logradas, las órdenes de aprehensión vigentes y la judicialización de los probables responsables materiales e intelectuales.
Zepeda Villaseñor destacó que tras el hecho, la Fiscalía General del Estado abrió de inmediato la carpeta de investigación correspondiente y desplegó una indagatoria exhaustiva con análisis forense, revisión de videovigilancia, geolocalización de trayectos y procesamiento de dispositivos electrónicos, lo que permitió avanzar con resultados concretos en el esclarecimiento del caso.
Entre los principales resultados informados al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se encuentran las capturas de diversos presuntos integrantes de la célula delictiva Blancos de Troya, entre ellos Rigoberto “N”, alias “Pantano”; Marco Antonio “N”, alias “Pilones”; y César Alejandro “N”, alias “El Botox”, este último identificado como líder del grupo criminal y señalado como uno de los probables responsables directos del homicidio.
El encargado de la política interna subrayó que la CEDH concluyó su expediente de investigación al acreditarse la actuación coordinada entre las autoridades de procuración de justicia, seguridad y gobernabilidad, salvaguardando además los derechos de las víctimas indirectas y manteniendo abiertos los canales institucionales con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Finalmente, Raúl Zepeda reiteró que el Gobierno estatal mantendrá su disposición permanente para seguir informando a la ONU sobre cualquier avance relevante, al tiempo que refrendó el compromiso de continuar con las investigaciones hasta sancionar plenamente a todos los responsables y garantizar justicia para la familia de Bernardo Bravo Manríquez.
