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Opinión

Los extremos del proyecto

Jorge Álvarez Banderas

El   artículo   Décimo   Transitorio   del   dictamen   de   la   Comisión   de   Puntos Constitucionales, dictada por la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto de  la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se pretenden reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,   en   materia   de   reforma   del   Poder  Judicial,   raya   en   el   absolutismo propio de estados autoritarios.

Si bien es cierto que establece una “seguridad” de los derechos  laborales de   las   personas   trabajadoras   del   Poder   Judicial   de   la   Federación   y   de   las entidades federativas, al señalar que serán respetados en su totalidad y que los presupuestos de  egresos  del  ejercicio  fiscal  que  corresponda  considerarán  los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales  de   trabajo aplicables, no menos cierto  es, que se termina   con   la   carrera   judicial   y   con   los   fideicomisos   no   previstos   en   ley secundaria   alguna,   al   obligar   a   reintegrar   los   fondos   a   la   Tesorería   de   la Federación o a la entidad federativa según corresponda, en un plazó máximo de noventa días naturales, posteriores a la entrada en vigor del Decreto.

Para la interpretación y aplicación de esta disposición, así como la prevista en los últimos párrafos de los artículos 100 (Tribunal de Disciplina Judicial) y 116 (elección   de   juzgadores)   de   este   Decreto,  los   órganos   del   Estado   deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial.

Lo anterior es solo el análisis de uno de los artículos transitorios de dicho dictamen, lo que seguramente los 33 millones de personas que les dieron su voto no conocen; Monserrat Botey escribe que, todos -incluyendo a dichos votantes- perderemos nuestros derechos y libertades, no se podrá exigir más una educación de calidad, no habrá medicamentos ni atención médica -adecuada-, la gente -dice- quiere 3 mil pesos al mes gratis y punto… @lvarezbanderas