A 122 días del fin de su rectorado, Yarabí Ávila González denunció que desde los tres poderes del Estado, hay personajes que se empeñan en empujar a la institución hacia “asfixia financiera”.
Se promueven acciones y recursos o se dejan de atender peticiones, son “estrategias desde el Gobierno del Estado, para generar problemas económicos a la institución”, sostuvo.

En conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por integrantes de su administración, Yarabí Ávila detalló las presiones económicas a las que ha sido sometida la Casa de Hidalgo, varias de las cuales -estableció- violan el principio de autonomía universitaria, lo cual no se debe tolerar, aseveró.
La UMSNH ha tenido que pagar, en las últimas semanas, 149 millones de pesos por concepto de pasivos heredados de otras administraciones, y deberá cubrir otros 40 millones en las próximas horas, mencionó la rectora, o de lo contrario se hará acreedora a una sanción monetaria, de acuerdo con la sentencia de un juez.
Detalló que entre tales pagos fueron 69 millones de pesos de ayuda sindical a los integrantes del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana. También se aplicaron 25 millones de pesos para un proveedor de despensas en especie al mismo SUEUM.
Otros 40 millones de pesos deberán cubrirse para 69 trabajadores jubilados.
Ninguno de esos conceptos estaba considerado en el paquete financiero de la Universidad Michoacana para el año 2026; hay “presupuesto pleno”, pero no se contemplan pasivos de años anteriores, por lo que se ha tenido que echar mano de recursos propios.
Identificó como un asunto de poca consideración y desconocimiento del juez que ha resuelto y emplazado a la Universidad a pagar sí o sí, sin importar que no hay de dónde echar mano.
Por cierto, se trata del mismo juzgador federal que determinó que la reciente huelga de trabajadores administrativos debía ser de “puertas cerradas”, en perjuicio de los
55 mil estudiantes de la Universidad Michoacana. Tal juez es Salvador Alejandro Pérez Contrera, citó.
“El mensaje es clarísimo, lo que quieren es armar es una inestabilidad en la Universidad Michoacana”, y en ello está incluido el Ejecutivo estatal y algunos diputados del Congreso michoacano, entre ellos Baltazar Gaona García, quien ha exigido se apruebe el reglamento correspondiente para la elección de rector o rectora, a través de un “juicio político”.
“No estamos dispuestos a seguir callando ante violaciones a la autonomía universitaria”, al tiempo que procederá legalmente en caso de su integridad y la de su familia se ponga en riesgo. Lo mismo aplicará para integrantes de su gabinete, los cuales también están en una situación difícil.





