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Pensiones

El bienestar de las y los niños en Michoacán es lo más importante, por ello, desde el Congreso del Estado se legisló para que los padres cumplan con el pago de pensión a sus hijos y se sancione a los funcionarios que oculten información de los deudores alimentarios y obstruyan investigación y procesos, afirmó la diputada Lucila Martínez Manríquez.

“Hace más de un año que en el Congreso del Estado aprobó la reforma que presenté, por lo que investigaremos que la misma se esté cumpliendo y que la sanción para quienes oculten información de deudores alimentarios, sea una realidad”.

Señaló que ante el gran número de casos que denunciaban las mujeres, fue necesario impulsar esta reforma al Código Penal del Estado sobre insolvencia simulada, en la que se estableció la sanción de uno a tres años de prisión o de cuatrocientos a setecientos días de multa y pago, tanto al deudor alimentario, como a quienes oculten información sobre su ingreso real.

Lucila Martínez recalcó que tanto el deudor alimentario como quien oculte información, tendrán la misma sanción establecida en la Ley, además de que se deberá reparar el daño de las cantidades no suministradas oportunamente, lo cual es un acto justo y que debe ser una realidad en el estado, por lo que se revisará que se esté cumpliendo con la norma.

“Cumplimos con proteger los derechos fundamentales de los menores, al establecer sanciones para evitar que por actos de simulación de los padres o tutores se incumpla con la responsabilidad de alimentación y manutención, apoyados por los empleadores, al ocultar la información real a la autoridad, lo cual fue una propuesta que construí de la mano con las mujeres”.

“Hay muchos casos de complicidad, donde las mismos empleadores protegen al deudor alimentario y ocultan la información, por lo que consideramos necesario y urgente reforzar la legislación y presenté la información que contó con el respaldo de mis compañeros de la LXXIV Legislatura”.

La legisladora reiteró que la Ley es clara y se debe sancionar al deudor alimentario que se vuelve deliberadamente insolvente, y también a quien o quienes lo ayude a simular serlo, con lo que se podrá proteger más los derechos de los menores.

En ese sentido, convocó a las madres de familia a denunciar cualquier caso, ya que ello, es violencia y la simulación de los actos administrativos y jurídicos debe ser combatida y tomada en cuenta como una acción que daña principalmente a personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente Lucila Martínez reiteró que la naturaleza jurídica de los alimentos, no es una concesión graciosa, ni tampoco es una atribución voluntaria, sino que la obligatoriedad en muchos de los casos se finca en base al interés superior del niño y a la situación de vulnerabilidad de la persona menos favorecida económicamente; por tal motivo, no pueden ser objeto de negociación, arbitraje y mucho menos simulación.

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