Encabezados por el hoy candidato de MORENA al Gobierno de Michoacán, Raúl Morón Orozco, legisladores del periodo 2008 a 2012 omitieron dar curso legal a las irregularidades de la firma brasileña Odebrecht, las cuales fueron detectadas por investigaciones hechas en 2010 por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) e identificada bajo el folio FO-CAHOD-VII-1-D, así como una más auditada por el Despacho de Contadores Públicos González Villicaña S. C., ambas relacionadas con la construcción de la Presa Francisco J. Múgica
El vocero del senador con licencia Cristóbal Arias Solís, el maestro en Derecho a la Información, Arturo Herrera, mostró ante los medios de comunicación los respectivos documentos, luego de que el legislador michoacano se pronunció a favor del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que se investigarán los sobornos de la constructora brasileña a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel, durante la construcción del embalse ubicado en el municipio de Múgica.
Entre los funcionarios michoacanos encargados de la obra, refirió Herrera está Víctor Guerra Reyes, enrtonces director de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión para el Desarrollo de la Tierra Caliente y a quien se le documentaron sobornos y una causa penal por la justicia de Andorra. Hay pruebas de los sobornos entregados a funcionarios de Michoacán no solamente en la banca de Andorra, también Brasil y la isla de Antigua en el Caribe.
Herrera Cornejo, quien estuvo acompañado por Wilberth Rosas y el abogado Saúl Aguirre, dio a conocer la determinación de Arias Solís para empujar la investigación, ya que “Michoacán fue la puerta para que Odebrecht entrara a México”.
Documentos en mano, evidenció las investigaciones realizadas por la ASM, una referente a un cúmulo de violaciones a la normatividad legal, “por ejemplo para abrirle la puerta a Odebrecht primero se le permitió adquirir las bases y luego se publicó la convocatoria a un concurso simulado. La ASM estaba bajo el control de los legisladores locales, y teniendo detalladas una por una estas faltas al marco regulatorio legal desde el año 2010 no les dieron curso, simplemente fueron archivadas.
La otra investigación de la ASM en 2010, se realizó en campo y también con testimonios respaldados por peritajes y fotografías puso al descubierto las fallas técnicas encontradas en la construcción de la obra, como fisuras, fracturas o falta de cumplimiento de las especificaciones técnicas, como taludes con menores dimensiones a los contratados, los diputados locales también fueron omisos ante todas estas evidencias y archivaron la investigación.
Por otra parte, añadió Herrera, la Auditoría de González Villicaña, S. C. -relativa al ejercicio 2010 y que los diputados locales conocieron en ese tiempo-, sintetizó que la obra tuvo un sobre costo. Inicialmente hubo un contrato firmado por Gabriel Mendoza Jiménez como Director de la Comisión para el Desarrollo de la Tierra Caliente, y era “llave en mano y precio alzado”, no debieron cambiar los costos y sólo debió ejecutarla Odebrecht.
El presupuesto inicial de casi mil millones de pesos se elevó a 2 mil 766 millones de pesos y, según los auditores las cuentas no cuadran, sólo se justificaron gastos por 2 mil 56 millones de pesos, además de que se firmaron otros dos contratos adicionales para su conclusión, en contra de las disposiciones legales.
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