Trampas

Por la “desaparición” y manejo alevoso de 242 actas del día de la jornada; cambio de ubicación de casillas sin previa autorización del IEM; impedimento de acceso a representantes de casilla de MORENA; intervención de las altas esferas de Gobierno del Estado; así como rebase del tope de gastos de campaña, el Movimiento de Regeneración Nacional impugnará la elección de la que habría salido triunfador Alfonso Martínez Alcázar, candidato de la alianza PAN-PRD a la presidencia municipal de Morelia.

Por lo tanto, MORENA aseveró a través de su delegado estatal, Raúl Morón Orozco, que la impugnación que será presentada ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), dijo, también se denunciaron otras irregularidades como la desaparición de 242 actas de casilla que, remarcó, representan el 23 por ciento del total de la votación generada en la capital del estado.

Morón se dirigió a los órganos electorales responsables de garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso comicial recién celebrado en Michoacán, para solicitar su atención ante las irregularidades que, sostuvo, “desequilibraron la balanza en la pasada elección”.

Resaltó que Morena respaldará a su candidato por la capital michoacana, Iván Pérez Negrón, pero sobre todo la voluntad de las y los morelianos que buscan darle continuidad a la transformación que inició en Morelia desde 2018.

Durante una conferencia de prensa, los denunciantes indicaron que el tema de la “desaparición” y manejo con alevosía de la 242 actas que representan el 25 por ciento del total de documentos de ese tipo emitidas el 6 de junio, pone de manifiesto las trampas empleadas porque no supo de ellas durante muchas horas y luego aparecen sin un manejo transparente.

Mes sospechoso también, destacaron, que prácticamente en soledad, se haya entregado la constancia de mayoría a Alfonso Martínez Alcázar, a las 6 de la mañana, sin previamente avisar a los representantes de partidos.

Las anomalías argumentadas están lo suficientemente soportadas y documentadas, por lo que espera que el órgano jurisdiccional les dé la razón e imponga las sanciones correspondientes.