Ante la hipotética posibilidad de que haya un “albazo” en el Congreso del Estado y se lograra la desincorporación de bienes inmuebles propiedad de los michoacanos, los funcionarios que incurran en el proceso de venta incurrirían en una ilegalidad, pero también lo harían quienes compren alguna de las propiedades, donde la “joya de la corona” serían las 4 hectáreas del antiguo CERESO de Morelia.
Así lo alertó el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien adelantó que su administración iniciaría un procedimiento ante la eventualidad del delito de peculado.
Ramírez expuso que la pretendida compra-venta representaría un acto de ilegalidad porque ya hasta se sabe quién pretende comprar al menos uno de los predios.
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