Jorge Álvarez Banderas
En el ejercicio ciudadano de revocación de mandato, las personas responderían en un sentido afirmativo o negativo a la pregunta sobre si desean se revoque en el cargo al titular del poder ejecutivo federal; el pasado fin de semana 101 senadores votaron en lo general a favor de la Ley Reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 constitucional, mientras que dos lo hicieron en contra; dicho órgano legislativo se integra por 128 senadores; un ejercicio legislativo que pudo avanzar al haber retirado una reserva respecto de que el Presidente de la República no estuviera limitado para intervenir con opiniones o manifestaciones respecto de continuar o no en el encargo durante el proceso.
La Ley se aprueba y con ello la pregunta, enunciado que fue objeto de días de discusión entre los legisladores emanados de todas las fuerzas políticas nacionales para quedar de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
La pregunta aprobada evidentemente será motivo de impugnación, el enunciado en realidad contiene dos preguntas, la segunda no puede hacerse, ya que el ejercicio es de revocación, no de continuación; por tanto, si a este enunciado se responde con un sí o con un no, en realidad no se esta respondiendo de manera objetiva al existir una contradicción u oposición entre la primera parte y la segunda parte del enunciado; el enunciado original rezaba así: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Una pregunta malintencionada para algunos legisladores, que aludían a que cambiaba el esquema de “revocación” por el de “ratificación”.
En el país existe una corriente en contra de este ejercicio por ser oneroso, se alude a un estimado de cerca de 3 mil 800 millones de pesos, aspecto del cual nos podremos percatar el próximo 8 de septiembre cuando el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregue el paquete económico a la Cámara de Diputados del Congreso General, al verificar el rubro de dicho gasto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022; otra corriente de opositores alude a que se trata de un ejercicio populista con motivo del enunciado aprobado y no de un ejercicio de democracia participativo directo.
Resalta dentro del dictamen que se encuentra ya en Cámara de Diputados, el hecho de que el Instituto Nacional Electoral instalará el 100% de las casillas que en el proceso electoral anterior a la consulta y que la difusión de esta iniciará al día siguiente de la emisión de la convocatoria y que el cómputo final y la emisión de la declaratoria de resultados ya no será responsabilidad del Tribunal Electoral, sino del árbitro electoral; evidentemente es un ejercicio de democracia participativa interesante para nuestro país, por ahora no esta todo dicho al respecto, esperemos la determinación de los diputados federales y posteriormente en su caso, el resultado de la impugnación. @lvarezbanderas
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