La administración de Silvano Aureoles Conejo dejó una “herencia maldita” en materia de finanzas. El arqueo que realiza el actual gobierno ha detectado deudas no bancarias por 12 mil 780 millones de pesos que hasta ahora se desconoce en qué se gastaron, con lo que se robustece la tesis de que son 50 mil millones de pesos dejando como deuda pública.
Los nuevos “hallazgos” dejan constancia del por qué en Michoacán se ofrece una “resaca” financiera, como resultado de un gobierno de excesos y privilegios, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, en su encuentro semanal con los medios de comunicación, en el que uno de los temas, precisamente, fue lo relacionado con la entrega-recepción y lo que se ha encontrado con presunción de irregularidades.
En ese contexto, la titular de la Contraloría, Azucena Marín Correa, informó que la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es una de la entidades donde radica la mayor cantidad de recursos hallados como deuda no bancaria en el nuevo barrido realizado, con un global de 6 mil 23 millones de pesos adeudas a terceros institucionales y empresas, de ejercicios anteriores.
También hay pasivos por 946 millones de pesos por concepto de adeudos en prestaciones 2020.
Hay adeudos con proyección al cierre del 2021 por 4 mil 601 millones de pesos; así como adeudos al ISSSTE correspondientes a las quincenas 14/21 y 17/21, por un total de 78.6 millones de pesos.
“Una vez que se ha entrado a otra etapa del proceso de entrega-recepción debemos agotar las vías porque se trata de recursos estatales y federales y se debe discernir sobre el origen y destino de los recursos y abatir ese sentimiento de que pueden hacer lo que quieran, que al fin de cuentas no pasa nada… no podemos seguir en un estado de impunidad”, remarcó.
En la Secretaría de Salud, se dio a conocer, hay inconsistencia de saldos en cuentas bancarias; los expedientes de obras están incompletos; existen 701 juicios laborales, contenciosos y mercantiles, de los cuales no hay una cuantificación.
Seguridad Pública concentró pendientes por 555 millones de pesos y 161 millones más por falta de regularización y comprobación de documentos provisionales; mientras que la Coordinación General de Comunicación Social debe 84.71 millones de pesos a proveedores y medios de comunicación, la mayoría con contrataciones firmadas en mayo de este año, “justo durante el periodo de veda electoral”, dijo Marín.
Por lo que respecta a Desarrollo Económico, el registro refiere adeudos a proveedores por 72.85 millones de pesos y observaciones por 267 millones de pesos que fueron destinados a proyectos de inversión durante el ejercicio fiscal; mientras que Desarrollo Rural presenta pendientes por 79 millones de pesos en arrendamientos de maquinaria y 108 millones de pesos no entregados a campesinos beneficiarios del seguro catastrófico que se contrató para resarcir afectaciones por fenómenos climáticos.
La Secretaría del Migrante tiene comprometido un millón 800 mil pesos para el pago de laudos, así como 296 mil pesos para renta de oficinas; mientras que la Secretaría de Gobierno registra 11.7 millones de pesos en pagos pendientes y 8.99 millones de pesos en laudos con sentencia firme. Al igual que la Secretaría de Cultura que adeuda 10.5 millones de pesos en laudos y sentencias.
La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres debe reintegrar a la federación 3.81 millones de pesos por omisiones en la ejecución presupuestal, y la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial arrastra un saldo de 635 mil pesos en cuentas por pagar y 4.1 millones de pesos en documentos provisionales.
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