Bajo la figura de “arrendamiento”, la administración de Silvano Aureoles Conejo encontró en la construcción de cuarteles de policía, el modelo para incurrir en actos de corrupción, que representan una cifra superior a los 5 mil millones de pesos, denunció esta mañana el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Una sola empresa, DYF S.A de C.V -la misma que “remodeló” el Centro de Convenciones de Morelia- desarrolló mediante adjudicación directa, la construcción de los cuarteles de Lázaro Cárdenas, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Apatzingán.
Para “redondear” el modelo, la administración de Aureoles primero “arrendó” los cuarteles en espacios que legalmente no eran propiedad del arrendador y dos días antes de concluir el ejercicio, Silvano formalizó la compra de los espacios, se informó.
En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla exhibió los gastos detectados en los complejos de seguridad de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
A través del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública se autorizó la adjudicación directa a la inmobiliaria DyF S.A de C.V., con la que se contrataron servicios de desarrollo y arrendamiento en 2016 y 2017, sin que dicha empresa tuviera la posesión real y material de los inmuebles.
Ejemplificó que “en Apatzingán, el contrato se firmó en 2016 y el inmueble se inauguró en 2018, pero la empresa adquirió el terreno hasta 2019; otro caso particular fue en Uruapan donde el Ayuntamiento donó el terreno para el cuartel pero la administración de Aureoles lo “compró” en marzo del 2018; es decir, simularon contratos de arrendamiento para evadir la ley y toda reglamentación en materia de adquisiciones y obra pública”.
Detalló que entre los siete cuarteles de la Policía Michoacán se destinaron 3 mil 425 millones 737 mil 999 pesos para la elaboración de los proyectos ejecutivos, arrendamiento y mantenimiento, y tan solo dos días antes de concluir la administración (28 de septiembre del 2021), se erogaron mil 760 millones 366 mil 289 pesos para la compra de los complejos.
Indicó Bedolla que el gobierno anterior debió pagar solo un proyecto ejecutivo que sirviera de modelo para el resto de los cuarteles, lo que presume un sobre precio que será investigado porque no existe certeza de qué se entregó y en qué condiciones, toda vez que falta equipamiento y en algunas instalaciones ya presentan deterioros.
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