En el caso del feminicidio de la maestra Jessica González, cada quien hizo su parte: Fiscalía, Poder Judicial, víctimas indirectas, sociedad y opinión pública, para lograr se hiciera justicia e imponer la pena máxima de 50 años de prisión al autor, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con referencia a la sanción impuesta por el juez a Diego Urik.
“No se trata de cómo quede posicionado el Poder Judicial, sino de que se haga justicia, se actuó conforme a derecho, fue un proceso muy largo y el Poder Judicial emitió ya la sentencia máxima de 50 años”, comentó el mandatario.
Abordado por reporteros al final de la presentación del primer informe de labores del magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Jorge Reséndiz García. Ramírez Bedolla, hizo referencia a la petición que se hizo al Congreso del Estado para homologar la sanción por feminicidio con la pena federal que es de 60 años de prisión.
Minutos antes de que el Legislativo abordara el tema, el mandatario confió en que habría solidaridad de los legisladores para lograr el objetivo de imponer mayores sanciones a quienes cometan el delito de feminicidio en Michoacán.
Refirió que con el aumento de la pena se va a tener una mejor forma de administrar justicia en el tema de feminicidios, concluyó.
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