El proceso jurídico-legislativo iniciado en torno a la destitución del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, llevará un mínimo de tres años para que alcance una resolución en firme, derivado de que ha entrado a una fase en la que será necesaria, primeramente, la resolución de la justicia federal.
Por ahora existe una primera resolución a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda le fue negada la suspensión provisional del auto reclamo, es decir, procede su separación del cargo, pero no se podrá designar a su sucesor por parte del Congreso Estado.
Con su petición de protección de la justicia federal, Aguirre Avellaneda pretendía se dejará sin efecto su destitución, bajo el argumento de que no se le notificó con la debido oportunidad para que se pudiera presentar a formular sus alegatos y exponer la forma de su trabajo, pero no procedió, por lo que la suspensión provisional no tuvo efecto.
Lo que también resolvió el juez séptimo de Distrito, es el hecho de que el Congreso del Estado no podrá designar de inmediato a quien supla a Aguirre Abellaneda.
En consecuencia, de acuerdo con la ley, el auditor especial de Normatividad, Marco Antonio Bravo Pantoja, quien, no ocurrir algo extraordinario, quedará un mínimo de 3 años como encargado del despacho de la Auditoría Superior de Michoacán, lo que implicaría que la nueva Legislatura pueda dar una salida política a la situación.
Lo anterior en virtud de que, de acuerdo a lo consultado con un especialista en Ley de Amparo y Derecho Procesal Administrativo, la resolución de la justicia federal llevará no menos de tres años.
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